Territorio de sacrificio

La lucha contra el cambio climático exige transformar nuestro modelo energético y productivo. Nadie duda de la urgencia de abandonar los combustibles fósiles y avanzar hacia una economía más sostenible. Sin embargo, cada vez resulta más evidente que no todas las políticas verdes se aplican de forma justa ni equilibrada sobre el territorio. Como advierten diversos análisis recientes, el despliegue de infraestructuras ligadas a la transición energética —y ahora también a la llamada economía circular— está generando desigualdades territoriales que requieren una reflexión urgente. (1)

En este contexto emerge con fuerza el concepto de “territorio de sacrificio”: lugares donde se concentran los impactos ambientales, sanitarios y sociales de actividades supuestamente necesarias para el conjunto de la sociedad. El riesgo no es solo teórico. Ya se identifican zonas en la Comunidad de Madrid donde esta lógica se está consolidando, como Valdemingómez o Pinto, históricamente marcadas por la acumulación de infraestructuras de residuos. A ellas se suman ahora nuevas áreas como Colmenar Viejo y Tres Cantos, donde se proyectan macroplantas privadas de biogás y biometano y un enorme centro de clasificación de residuos y compostaje, junto al vertedero de la Mancomunidad de Residuos del Noroeste.

¿Qué transición energética?

La clasificación del biogás y biometano como energías renovables no debe hacernos olvidar que, al igual que los de origen fósil, su finalidad es la combustión y no contribuyen a la disminución del efecto invernadero del CO2 emitido. Además las fugas de metano a la atmósfera, contribuyen aún más que el CO2 al calentamiento global.

En nombre de la seguridad energética, las autoridades europeas tratan de disfrazar una transición que perpetúa un modelo creciente de consumo energético que nos perjudica, con manidos términos como renovable, circular, sostenible o verde.

Las plantas de compostaje tradicionales, bien gestionadas, permiten fijar mayores cantidades de CO2 al suelo y no requieren del gasto energético adicional. 

Y lo más importante de todo, la seguridad de la salud de las personas y el medio ambiente donde viven debe ser prioritario frente a cualquier cuestión económica o de estrategia energética.

De la transición energética a la economía circular… ¿a cualquier precio?

Las plantas de biogás se presentan como parte de la solución a los residuos orgánicos y como fuente de energía renovable. Bajo el paraguas de la economía circular, prometen transformar residuos en energía y fertilizantes. Sin embargo, la realidad de estos proyectos plantea preguntas incómodas.

En primer lugar, el modelo que se está desplegando es centralizado, intensivo y dependiente de grandes volúmenes de residuos, lo que implica atraer materiales desde amplias zonas geográficas. Este enfoque, lejos de cerrar ciclos a escala local, genera una dinámica de concentración de impactos en determinados municipios. Tal y como advierten estudios sobre el “sacrificio verde”, estas infraestructuras pueden generar cargas ambientales, sanitarias y económicas desiguales entre territorios. (2)

En Colmenar Viejo y Tres Cantos, el proyecto de planta de biogás se ubica en un entorno ya tensionado por otras infraestructuras: vertederos, canteras o instalaciones industriales. Esto refuerza la percepción de que el territorio se está convirtiendo en un espacio receptor de actividades molestas o potencialmente contaminantes.

Impactos reales sobre la población y el entorno

Más allá del discurso técnico, la implantación de estas plantas conlleva una serie de impactos que preocupan a la población local:

• Emisiones contaminantes y calidad del aire: las plantas generan compuestos como amoníaco, sulfuro de hidrógeno o partículas en suspensión, con efectos sobre la salud respiratoria y la calidad de vida.
• Olores persistentes: uno de los problemas más frecuentes en instalaciones similares en España y Europa, con efectos directos sobre el bienestar de los vecinos.
• Riesgos sobre el agua y el suelo: la gestión de lixiviados y digestatos plantea riesgos de contaminación de acuíferos y cursos de agua si no se realiza con controles estrictos.
• Aumento del tráfico pesado: miles de camiones anuales transportando residuos incrementan el ruido, la contaminación y la presión sobre las infraestructuras locales.
• Efectos acumulativos: cuando estas plantas se suman a un enorme vertedero supramunicipal, un proyecto de clasificación de residuos y otras industrias existentes, se multiplica el impacto global sobre el territorio. Vertedero cuya concesión se ha ampliado recientemente otros 20 años más, sin buscar soluciones alternativas.

Estos factores cuestionan que se trate de proyectos inocuos o meramente técnicos. En la práctica, implican una transformación profunda del entorno y de la calidad de vida de las comunidades cercanas.

Un modelo con déficits democráticos

Otro elemento clave es la forma en que se están tramitando estos proyectos. Numerosas plataformas ciudadanas denuncian falta de transparencia, escasa participación vecinal y procedimientos acelerados bajo la figura de “interés público”. Esto genera desconfianza y la sensación de que las decisiones se toman sin tener en cuenta a quienes viven en el territorio.

La economía circular, al igual que la transición energética, solo puede ser legítima si se construye con participación social, planificación territorial y equidad. De lo contrario, corre el riesgo de reproducir lógicas extractivas bajo una nueva etiqueta verde.

Alternativas para un modelo justo

Frente a este modelo de macro-instalaciones, existen alternativas más sostenibles y equilibradas:

• Gestión descentralizada de residuos orgánicos, adaptada a la escala local.
• Reducción en origen de residuos,avanzando hacia el residuo cero
• Impulso de energías comunitarias y distribuidas, que generen beneficios directos en el territorio.
• Planificación territorial vinculante, que evite la concentración de impactos en determinadas zonas.
• Desarrollo de estrategias de reducción del desperdicio tanto alimentario como de bienes en toda la cadena de producción, distribución y consumo.

Estas soluciones no solo son más coherentes con la economía circular, sino que también contribuyen a la cohesión territorial y a la justicia ambiental.

¿Quién decide qué territorios se sacrifican?

La cuestión de fondo es política y ética: ¿qué territorios soportan los costes de los cambios necesarios para la sostenibilidad? Si no se corrige el rumbo, municipios como Colmenar Viejo y Tres Cantos pueden convertirse en nuevos ejemplos de territorios de sacrificio en nombre de la economía circular.

La transición ecológica no puede construirse sobre la desigualdad. Necesitamos un modelo que reduzca emisiones y residuos, sí, pero también que respete la salud, el entorno y el derecho de las comunidades a decidir sobre su futuro.

Porque la sostenibilidad no puede ser solo un objetivo ambiental: debe ser también una cuestión de justicia social y territorial.
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(1) https://www.publico.es/opinion/columnas/geografias-transicion-energetica-riesgo-sacrificio-verde-espana.html
(2) https://www.upf.edu/web/jhu-ppc/home/-/asset_publisher/CYwlm1E56pYX/content/new-policy-brief-geographies-of-green-sacrifice/